El abogado altoaragonés Gabriel de la Mora sostiene que "la migración no es una de las causas principales de los problemas sociales" que afectan a España. Según su perspectiva, debe entenderse más como una consecuencia de "la necesidad de mano de obra" que como una fuente de conflicto.
Principalmente, explica, las personas que llegan a este país ocupan vacantes laborales que los españoles no quieren asumir, en sectores como la agricultura, la limpieza o el cuidado de personas mayores. Estos trabajos, muchas veces "mal remunerados y en condiciones precarias", son esenciales para el funcionamiento de la economía y son ocupados mayoritariamente por personas extranjeras. En este sentido, la migración se convierte en "una respuesta natural a la demanda del mercado laboral".
“Por otro lado, el aumento de la violencia y los conflictos en países como Siria, Ucrania, Mali o Venezuela, países próximos o con vínculos con España, sería el otro factor determinante de las migraciones, en este caso forzadas". Las causas de la migración por tanto son principalmente dos: demanda laboral (migrantes económicos) y violencia (refugiados).
Gabriel de la Mora, especialista en migración y afincado en el Sobrarbe, ofreció recientemente una charla titulada “Arraigo y Asilo, tras la reforma del Reglamento de Extranjería” (RELOEX), organizada por Bienvenidos Refugiados y la Universidad Ciudadana de Huesca. En ella, abordó varios aspectos de esta normativa que trata sobre sus deberes, derechos e integración social, y aprovechó para "desmitificar mitos sobre la migración", desmintiendo su relación con actividades delictivas o la efectividad de las fronteras, utilizando datos sociales, demográficos, jurídicos y económicos.
El abogado oscense destacó que los problemas sociales asociados erróneamente a la migración, como la pobreza o la criminalidad, tienen causas más profundas y están relacionados con desigualdades socioeconómicas, como "la falta de acceso a recursos educativos y sanitarios y las políticas sociales insuficientes".
Resaltó que no es la presencia de migrantes lo que genera estos problemas, sino las condiciones de exclusión social derivadas de una desigualdad estructural. La criminalidad se vincula más al género (los hombres delinquen más) y a la clase social que no a la raza o la nacionalidad. Los españoles en su emigración no eran más violentos o delincuentes que los nativos de Suiza, Alemania o Francia.
El letrado afirmó que la creencia de que la migración es responsable de los problemas sociales es un mito alimentado por discursos políticos y mediáticos que buscan señalar a un "chivo expiatorio" para cuestiones más complejas. Aclaró que este fenómeno, lejos de representar una amenaza, es una respuesta adaptativa a las necesidades de un mercado global que requiere mano de obra en sectores específicos. Según su visión, al centrar el debate en la llegada de personas extranjeras, se desvían los esfuerzos de los verdaderos retos, como la mejora de las políticas sociales, la integración y la lucha contra la exclusión social, el acceso a la vivienda por los jóvenes y la inversión en educación y sanidad.
En definitiva, subrayó que la única forma de reducir el número de personas migrantes es destruyendo la economía y la actividad empresarial, de modo que se reduzcan los puestos de empleo. Las primeras personas en emigrar serán las extranjeras. Las curvas de PIB tienen la misma forma que las de llegadas de personas migrantes con un desfase de 1-3 años.
Aumenta el PIB en 1-3 años aumenta la población migrante. Disminuye el PIB en 1-3 años disminuye la población migrante.
NUEVO REGLAMENTO DE EXTRANJERÍA
En noviembre, el Gobierno aprobó un nuevo reglamento de extranjería que, con más de 200 artículos, ha generado gran expectación y controversia. Gabriel de la Mora destacó que la reforma ha provocado recursos ante el Tribunal Supremo debido a puntos controvertidos.
Uno de los sectores más afectados es el de los solicitantes de protección internacional. “La nueva normativa restringe considerablemente las alternativas y opciones de regularización”, comentó, ya que limita el acceso a la residencia para trabajar legalmente en España. "Restringe los permisos de estancia por estudios, la posibilidad de regularizar a padres extranjeros de españoles ya en España que llegaron como turistas y, sobre todo, las vías de regularización por arraigo de solicitantes de protección internacional". Esto afectará tanto a solicitantes como a empresas, que podrían ver a empleados fuera del sistema de la Seguridad Social en los próximos meses.
Ante la gravedad de la reforma, De la Mora señaló que ha surgido una necesidad urgente de información. "Existe una solicitud constante de servicios sociales, comarcas y empresas", y algunos sectores consideran que se trata de una “medida punitiva sin justificación clara”.
Interior, encargado de las nuevas restricciones, argumenta que muchos solicitantes de protección internacional estarían abusando del procedimiento de asilo, aunque "no ha presentado pruebas". La demora, entre 1 y 6 años, de la respuesta del Ministerio a estas peticiones produce que se haya incrementado el número de personas que se arraigan en el país y pìden permisos por este motivo. "Ahora el Gobierno lo que ha hecho exactamente es restringir este acceso, descontando el tiempo de permanencia como solicitante de asilo".
Varios colectivos sociales han recurrido al Tribunal Supremo, que podría tardar uno o dos años en resolver. Esto está incentivando que las personas solicitantes de protección internacional desistan de sus aspiraciones antes de la entrada en vigor de la nueva norma, "lo que podría atentar contra el derecho de asilo".
Y es que, la reforma introduce una disposición transitoria que obliga a los solicitantes de asilo a desistir antes del 20 de mayo o esperar la denegación antes de dicha fecha, además de obligarles a una “travesía por el desierto” de 6 meses de irregularidad. "Es decir, a personas que trabajan legalmente se les está incentivando para darse de baja en la Seguridad social y quedarse en situación irregular un mínimo de 6 meses, al que se le suma el tiempo de tramitación de la solicitud por las OEX".
“Es la primera vez en España que un proceso de regularización exige pasar previamente por un período de irregularidad”, comentó De la Mora. Esta disposición ha causado gran incertidumbre, lo que ha llevado a muchos a renunciar a sus derechos por miedo a quedar en una situación de desprotección total. La entrada en vigor del nuevo reglamento ocasionará que en vez de seis meses de irregularidad sean dos años para poder optar a la autorización de residencia por arraigo.
En Madrid o Barcelona, las oficinas de extranjería tardan hasta 8 o 9 meses en resolver temas de arraigo, "pero Huesca en 2024 no le andaba a la zaga". Según el especialista, constan expedientes de residencia y trabajo en la provincia oscense desde julio sin resolver, por la falta de medios dispuestos por el Gobierno. "Es lamentable. Expedientes que según la ley debían tardar de dos a cuatro meses, como mínimo doblan ese tiempo".
En los últimos años, España ha recibido unas 120.000 solicitudes de asilo, principalmente de Venezuela, Colombia, Honduras, El Salvador, Siria y Malí. De estas, solo una pequeña parte proviene de entradas irregulares por las costas, mientras que la mayoría solicita asilo en las comisarías provinciales tras la llegada por los aeropuertos como Barajas o El Prat
En enero de 2025, el 70% de las solicitudes de asilo son de personas provenientes de Venezuela y el 14 % de Colombia. La mayoría de los solicitantes de zonas en conflicto, como Malí, reciben protección internacional al 99,4 %.
De la Mora también mencionó el problema relacionado con los ucranianos. "No obstante aunque la anterior normativa no impide esta modificación las Oficina de Extranjería ya están aplicando esta restricción por instrucciones superiores. El nuevo reglamento prohíbe la modificación de la residencia temporal “especial” que actualmente se les facilita a las personas de Ucrania hacia una residencia temporal “general” vinculada al empleo que permite evolucionar hacia residencia de larga duración".
Esta nueva restricción de prohibir la modificación de determinadas autorizaciones de residencia “especiales" hacia el régimen general también afecta a la residencia de razones humanitarias de Venezuela, las residencia para víctimas de VIOGE, Trata, violencia sexual o por colaboración con las autoridades. "Ya no podrán modificar su residencia especial a residencia general vinculada al empleo por lo que tendrán riesgo de caer en situación de irregularidad y desprotección". Esto podría generar complicaciones graves si no se extiende el plazo de su protección.
PETICIONES DE ASILO, CAUSAS
Gabriel de la Mora explica que la pregunta fundamental en el proceso de asilo es sencilla: ¿Qué pasaría si una persona vuelve a su país de origen? Según la respuesta, existen tres modalidades de protección internacional. Si afronta una persecución personal por motivos de discriminatorios graves, se le concede el estatus de refugiado.
Si corre un alto riesgo de sufrir daños graves debido a un conflicto armado o a tratos inhumanos, se le otorga protección subsidiaria. Por otro lado, si regresar supone un perjuicio significativo por motivos de salud o vulnerabilidad, se le reconocen razones humanitarias para la residencia.
A estas tres categorías se suman los casos de apátridas, como los saharauis, que constituyen el 94 % de este grupo en España. Al carecer de una nacionalidad reconocida, quedan en una situación de desprotección legal. Además, De la Mora destaca que los motivos para solicitar asilo son diversos, como la persecución por pertenecer a un colectivo social, por ser mujer en países donde se las reprime, por tener una orientación sexual diferente o por expresar opiniones políticas contrarias al gobierno. Estas amenazas no solo provienen del Estado, sino también de bandas organizadas, familiares o exparejas, especialmente en casos de violencia de género.
En relación con las causas que impulsan la migración, el abogado señala que la mayoría de quienes buscan asilo proceden de países con altos niveles de vulnerabilidad. En Venezuela, la crisis social y económica genera una situación crítica que convierte el regreso en un riesgo grave, agravado por la falta de acceso a servicios esenciales como la salud y la educación.
En Colombia, la violencia extrema derivada del conflicto armado interno es el principal factor de desplazamiento. Grupos paramilitares, narcotraficantes y guerrillas persiguen a comunidades rurales y a defensores de los derechos sociales y ambientales, llegando a cometer asesinatos de forma sistemática. De la Mora advierte que situaciones similares ocurren en Honduras y El Salvador, donde las maras (pandillas) disputan territorios, convirtiendo ciudades como San Salvador y Tegucigalpa en algunas de las más violentas del mundo. Los enfrentamientos entre bandas criminales, el ejército y el narcotráfico dejan a la población civil atrapada en un ciclo constante de violencia.
Por otro lado, los conflictos bélicos también explican el desplazamiento forzado. La guerra en Siria, la creciente violencia en el Sahel (Mali, Burkina Faso) y la invasión rusa en Ucrania han generado un éxodo masivo. En estas regiones, grupos extremistas y fuerzas invasoras imponen su control mediante la violencia, aplicando castigos severos a quienes no acatan sus normas.
De la Mora menciona que, en países como Senegal, los recientes problemas políticos han provocado inestabilidad y migración. Además, el cambio climático está exacerbando la crisis en áreas del sur del Sahel y las comunidades costeras. La desertificación y la reducción de los recursos pesqueros han provocado desplazamientos internos, afectando gravemente a las poblaciones locales.
POLÍTICAS MIGRATORIAS
España recibe alrededor de 160.000 peticiones anuales de asilo y refugio y alberga a cerca de 4 millones de migrantes, mientras que las llegadas por costa de personas en situación irregular no llega a las 60.000 anuales en el máximo histórico (crisis canaria 2006, 30.000, 2020 o 2024 el máximo 60.000 personas). "Datos irrelevantes respecto el total de migrantes o personas refugiadas", observa.
"En este año 2024 que recibimos un máximo por costa, la mayoría son provenientes de Mali, Burkina Faso, donde hay conflicto armado y, por tanto, se concede el derecho de asilo -añadió. En 2022, entraron en España 160.000 personas de Ucrania de un golpe y de forma caótica. No parece que generara problema alguno el ver mujeres y niños blancos en las paradas de bus".
La principal causa de la migración, reitera el oscense, es la demanda de empleo, ya que el crecimiento económico del país depende directamente de la mano de obra extranjera. "España necesita trabajadores para cubrir los puestos vacantes y sostener su expansión económica", afirma.
"Las políticas migratorias restrictivas no frenan la llegada de extranjeros, producen el efecto contrario"
"Las políticas migratorias restrictivas, lejos de frenar la llegada de extranjeros, suelen producir el efecto contrario", observa. Los datos reflejan que, al endurecer las barreras físicas para impedir el ingreso, aumenta el número de personas que permanecen en el territorio. Cita como ejemplo el Brexit en el Reino Unido, donde las restricciones no evitaron el incremento de la población migrante. Una situación similar ocurrió durante el primer mandato de Donald Trump en Estados Unidos, donde, a pesar de sus políticas más rígidas, el número de extranjeros continuó creciendo.
El abogado señala que muchos políticos son conscientes de estos efectos y, lejos de prevenirlos, "engañan a la población". Uno de los más evidentes es el denominado "ahora o nunca". Antes de 1991, España disfrutaba de libre circulación con Marruecos, pero el cierre de fronteras ese año provocó la llegada de la primera patera en 1993.
La frontera exterior se cerró en 1991 por la entrada de España en la Comunidad Económica Europea y la primera patera llegó el 28 de agosto de 1994.
En las décadas de los 70 y 80, la población marroquí planificaba su futuro con flexibilidad, considerando la migración a Europa solo si surgían oportunidades laborales y de forma temporal, sin necesidad de establecerse permanentemente en España o Francia. "Venían, estaban uos meses o unos años trabajando y luego se volvían".
Sin embargo, la imposición de normativas más rígidas generó una sensación de urgencia, impulsando a muchos a cruzar inmediatamente antes de quedar fuera del sistema.
"Este fenómeno no es exclusivo de España, afecta a toda Europa. Cuando se anuncian cierres fronterizos, aumenta el número de personas que intentan ingresar antes de que entren en vigor las nuevas restricciones". De la Mora menciona que una normativa europea prevista para 2026 plantea la reclusión inmediata de quienes crucen la frontera. "Si actualmente existe libertad de circulación, las personas pueden esperar, pero cuando se anuncia un cierre, se apresuran a migrar para no perder la oportunidad", advierte el experto.
El segundo efecto es el "desborde" . Cuando se cierran ciertos canales de entrada , surgen nuevas rutas. Según De la Mora, el principal motor de la migración es la demanda de empleo , por lo que, mientras existan vacantes, las personas seguirán intentando ingresar. Si se bloquean las vías legales, muchos recurren a rutas clandestinas más peligrosas, lo que fortalece las redes de tráfico de personas . Además, quienes ya residen en España tienen familiares y derechos de renovación, por lo que el cierre de las vías regulares fomenta el uso de métodos irregulares, incrementando las muertes en el Mediterráneo y beneficiando a las mafias que lucran con el sufrimiento ajeno.
Juristas y expertos defienden la creación de más vías legales para facilitar la migración, ya que las restricciones fronterizas no detienen el flujo migratorio. De hecho, experiencias previas en países como Turquía en 2017 o Libia demuestran que el cierre de rutas no elimina el problema, sino que lo desplaza a otras zonas.
El tercer efecto es la "permanencia" . Cuando las personas cruzan una frontera y no pueden salir fácilmente , tienden a quedarse de forma indefinida. De la Mora señala que, si existiera libertad de entrada y salida , muchos regresarían a sus países de origen. Sin embargo, el endurecimiento de las políticas migratorias empuja a quienes logran entrar a permanecer en el país , buscando regularizar su situación.
En resumen, cuanto más se refuerzan las barreras legales, físicas y administrativas , más se agravan las consecuencias no deseadas : aumentan las muertes , se fortalece el crimen organizado y crece el número de personas que se quedan de manera permanente, sin lograr frenar los flujos migratorios.
MIGRACIÓN Y DELINCUENCIA
El abogado oscense Gabriel de la Mora desmiente el mito sobre la relación entre migración y delincuencia, indicando que las estadísticas no lo respaldan. Según él, los barrios con más población extranjera no son los más peligrosos, y muchas personas en situación irregular evitan delinquir para no ser deportadas. Las estadísticas policiales desmienten que un aumento de población foránea implique más delincuencia.
"Las tasas de criminalidad en los últimos 40 años son mas o menos constantes con 30-50 delitos por cada 1.000 habitantes. Las más bajas de Europa y casi del mundo. Sin embargo, la población extranjera ha aumentado del 0,5% al 15% en el mismo período", comentó.
De la Mora sostiene que los migrantes que llegan a España mantienen su clase social de origen, sobre todo de la clase media. Las capas más desfavorecidas tienden a quedarse en sus países o migrar a zonas cercanas.
"Los migrantes son los más afectados por la criminalidad como víctimas de delitos"
Además, un delito menor, como un insulto, puede impedir que una persona extranjera obtenga o renueve su permiso de residencia, y cualquier delito un poco más grave, puede acarrear una pena superior a 1 año, lo que supone la deportación. "Los migrantes son, precisamente, los más afectados por la criminalidad como víctimas de delitos, especialmente las personas en situación de irregularidad; porque, si denuncian los delitos que reciben, la Policía Nacional les podría expulsar. Por ello, existe una infradenuncia evidente".
En los barrios con alta presencia de inmigrantes, los delitos graves son menos frecuentes y suelen ser cometidos por españoles. Aunque se dice que las prisiones están desproporcionadamente ocupadas por extranjeros, esto refleja un fenómeno de discriminación, no una mayor criminalidad. La discriminación juega un papel clave en las tasas de detención, al igual que pasa en países como EEUU con la población afroamericana. "La probabilidad de detención y encarcelamiento por ser migrante es mucho más elevada".
El abogado también señala que la dificultad de integración en las segundas y terceras generaciones de migrantes se debe a la discriminación y la falta de acceso a empleos y educación de calidad, "lo que provoca una movilidad descendente de clase social que sí es un factor explicativo de delincuencia".
Aunque suele ser habitual que muchos sean de clases medias en origen, la discriminación puede llevarles a clases bajas en segundas generaciones, lo que puede propiciar el aumento de la criminalidad. Los factores socioeconómicos, más que la nacionalidad, impulsan la delincuencia.
A pesar de que las sociedades españolas y europeas no son inherentemente racistas, de la Mora sostiene que los discursos xenófobos han aumentado. Sin embargo, la mayoría de las personas se sienten seguras en sus barrios, y España tiene una historia de migración que genera empatía, especialmente en las clases trabajadoras.
De la Mora argumenta que la migración beneficia principalmente a las clases altas, ya que los migrantes ocupan trabajos que los españoles no quieren. La economía capitalista depende de esta mano de obra barata, favoreciendo a las grandes empresas y clases acomodadas. La migración beneficia principalmente a las clases altas y empresas.
"Lo mejor contra la xenofobia y por la inclusión social son las políticas contra la desigualdad y la inversión en vivienda, sanidad y educación"
El año 2002 marcó punto de inflexión con el inicio de la burbuja inmobiliaria. España ha experimentado desde entonces un aumento acelerado de la inmigración debido al auge inmobiliario y la necesidad de mano de obra. La adaptación social lleva tiempo, y aunque algunas ciudades ya reflejan diversidad, otras aún no tienen servicios de integración bien establecidos. El aumento de la inmigración en España es un fenómeno reciente que requiere adaptación.
El aumento de las solicitudes de asilo ha sido significativo desde 2017, pero España aún está lejos de otros países con más experiencia en la gestión de este tema. La gestión de los menores no acompañados genera alarma, pero es un fenómeno menor en términos estadísticos, y la falta de atención adecuada a estos menores es inaceptable. La gestión de los menores no acompañados es un desafío que aún no se resuelve adecuadamente.
De la Mora sostiene que los efectos económicos de la migración son neutros: se cubren vacantes laborales y se contribuyen con impuestos, pero a su vez más población requiere mayor inversión en servicios públicos.
Sin embargo, son necesarias políticas públicas que garanticen salarios dignos, educación de calidad y sistemas de salud adecuados para todos. El desafío está en las políticas públicas que aborden la desigualdad. "La mejor política contra la xenofobia y la inclusión social es mejorar las políticas contra la desigualdad y la inversión en vivienda, sanidad y educación. La economía va muy bien, pero los jóvenes, por el contrario, cada vez tienen peor salud mental y, especialmente, dificultades de acceso a la vivienda. La migración es un chivo expiatorio para quien no tiene soluciones que aportar o, realmente, se desinteresa de los problemas reales de la gente: nuevamente, alquileres baratos, suficientes profesionales sanitarios, despoblación, envejecimiento en zonas rurales, etcétera".