La decisión del Gobierno -con los votos del PSOE y el apoyo del PP- de tramitar la reforma de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida popularmente como Ley del 'Sólo sí es sí', va a estar presente en muchas de las manifestaciones que se celebrarán este 8 de marzo.
La polémica le ha acompañado también casi desde su puesta en marcha y parece que no se le va a dejar mucho recorrido. Habrá que esperar a ver qué queda en pie después de su modificación.
La abogada y licenciada en Derecho Patricia Luquin, que impartió recientemente una conferencia en Huesca invitada por la Asamblea 8M, considera que el motivo de no permitirle demostrar si cumple con las expectativas es que “sólo se ha entrado en el debate exclusivo de si se aumentan o rebajan las penas” y, en su opinión, “legislar, hacer reformas o debatir desde la visceralidad son decisiones no muy buenas”.
Luquin considera que, “en la balanza, la ley tiene muchas más luces que sombras”, y reclama “más sosiego y menos crispación” a la hora de debatir sobre ella.
Esta normativa, ha explicado a este periódico, tiene como propósito proteger mejor a las mujeres y a las víctimas. Es la primera Ley Orgánica integral que aspira a garantizar su libertad sexual, el bien jurídico a proteger, y el eje fundamental “es el consentimiento afirmativo”.
Por otro lado, antes que castigar, su finalidad es “cuidar, formar, educar, sensibilizar y dar recursos a las víctimas, denuncien o no, y que exista una mayor coordinación entre las diferentes administraciones”, señala.
La jurista subraya que la normativa preserva el derecho de la presunción de inocencia, pero "intenta evitar las reticencias injustificadas a la versión de la víctima", y promueve "que no se juzgue con estereotipos", que la víctima no piense que va a ser cuestionada. Al respecto, pone el ejemplo del caso de Dani Alves. La víctima de una presunta agresión sexual que habría cometido el futbolista ha renunciado a poder cobrar una indemnización "para evitar que se piense que va a por el dinero"
"La ley del Solo sí sí deja claro el derecho de la víctima a ser indemnizada por daños y perjuicios, como ocurre en otro tipo de delitos", explica.
EL CÓDIGO PENAL
La nueva ley ya no diferencia el delito de abuso sexual y el de agresión sexual y los unifica, un debate instalado en el movimiento feminista y en boca de muchas juristas desde hace tiempo.
Cuando la víctima no se había negado expresamente, se consideraba abuso y se daba la paradoja de que la sumisión química, lejos de aumentar el castigo, lo rebajaba porque, precisamente, impedía a la víctima manifestar su voluntad.
Patricia Luquin recuerda el famoso caso de La Manada que se produjo en Pamplona y que dio pie a que se gritara en la calle la consigna de "No es abuso, es una agresión".
Así, “la ley anterior tenía en cuenta la agresión, pero lo que determinaba la pena eran los medios, es decir, la violencia o la intimidación. Ahora la determina el consentimiento afirmativo"
Ahora, cualquier acto que atente contra la libertad sexual realizado sin el consentimiento de la otra persona se considera agresión sexual y se ha establecido una horquilla de penas más amplia, que va de 4 a 12 años, frente a la anterior, de 6 a 12.
Sin embargo, aunque se han aumentado los agravantes, es cierto que también se han reducido las penas mínimas, que es lo que ha permitido que se bajen algunas condenas, puesto que el Código Penal permite que al reo se le aplique la ley que le sea más favorable. En cualquier caso, la jurista estima que hay que analizar cada caso.
Patricia Luquin vuelve a recordar otro caso paradigmático como es el de la Arandina. La audiencia de Burgos condenó a tres jugadores este club a 38 años de cárcel pero el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, donde se recurrió la sentencia, absolvió a uno y a los otros dos les impuso penas de 3 y 4 años respectivamente. "Es la mayor horquilla penal aplicada en un caso y evidenciaba la necesidad de una reforma del Código Penal".
A su entender, está pasando como ya ocurrió con la Ley de Violencia de Género, "que tras ser muy cuestionada, pasó a convertirse en un referente en muchos lugares" y no se esta poniendo el foco en las cuestiones que son más importantes, como por ejemplo la apertura de los centros de 24 horas para que se pueda prestar una asistencia integral a las mujeres que hayan podido sufrir una agresión sexual".
La abogada plantea otro debate. Todas las leyes que van vinculadas a los derechos de las mujeres "siempre han sido cuestionadas", sostiene. "Ocurrió con la del Divorcio, con la del Aborto y ahora, con ésta. Cuando se habla de reconocer derechos y garantizar las libertades de las mujeres, siempre tienen un cuestionamiento muchísimo mayor que otro tipo de leyes", afirma.
EL PENALISMO MÁGICO
También le preocupa el "penalismo mágico", la idea de que por aumentar el carácter punitivo de cualquier delito, éste va a desaparecer. "Estados Unidos es de los países con penas más duras, incluida la pena de muerte, y sus niveles de delincuencia están muy por encima de los de otros países”, observa
En opinión de Patricia Luquin, "ninguna sociedad avanzada ha reducido sus niveles de delincuencia aumentando correctivos despiadados" y en su lugar aboga por "la intervención social".
"Tiene que haber un castigo, pero la Constitución habla de inserción y reeducación, y lo que hay que hacer es ir a la raíz del problema", añade.
Admite que las personas perjudicadas y muchas víctimas pueden sentirse reconfortadas con penas implacables y que la ley puede haber causado cierta decepción, pero opina que lo que hay que hacer es "tratar de reparar su daño hasta donde sea posible", mediante la restauración, las indemnizaciones, con cuidados, apoyo, medios y medidas. "El apoyo a las víctimas no se debe confundir con que sean ellas quienes legislen o quienes decidan las penas de los condenados", reflexiona.
LA NUEVA REFORMA
Luquin no acierta a comprender la decisión del Gobierno de iniciar la tramitación de la reforma de la Ley del solo sí es sí, por tratarse de una norma que ha pasado por muchos ministerios, "no solo por el de Igualdad", como el de Justicia, Educación o Servicios Sociales, además de ser motivo de muchos informes.
"No entiendo las prisas, me resulta raro entender que el Gobierno no pensara que esto iba a pasar", señala en relación a la reducción de penas, que en cualquier caso es un proceso que no se va a detener, porque el reo tendrá esta normativa como referencia para seguir acogiéndose a su derecho de rebajar la condena.
La abogada estima que la inminente campaña electoral "tampoco habrá ayudado en esta precipitación" como tampoco la presión que puede suponer el hecho de que algunos medios de comunicación hayan instalado "contadores" del número de penas rebajadas.
"No sé si lo que realmente molesta y levanta tantas ampollas son las interpretaciones que rebajan las penas o los derechos que reconoce la ley", indica, para concluir reiterando su convencimiento de que se trata de "una buena ley", cuyo objetivo "no se ha sabido explicar".