A partir de ahora, tras la reforma del Código del Derecho Foral de Aragón, no se podrá privar de capacidad jurídica a ninguna persona con discapacidad intelectual, sino que habrá que dotarla de los apoyos necesarios.
Para informar sobre esta nueva ley -que se espera que entre en vigor este 15 de julio- y aclarar las dudas que pueda suscitar, a propuesta de la Comisión Aragonesa de Derecho Civil se ha celebrado este miércoles una charla en el salón de actos de Caja Rural de Huesca, dirigida principalmente a familias de personas con discapacidad y a profesionales del sector.
En el acto, han intervenido como ponentes Aurora López Azcona, profesora titular de Derecho Civil de la Universidad de Zaragoza y vocal-secretaria de la Comisión Aragonesa de Derecho Civil; y Joaquín Oria Almudí, registrador de la Propiedad y Mercantil y vocal de la misma comisión. Las labores de moderación han corrido a cargo de Gloria Ruiz Picazo, gerente de Autismo Huesca, abogada y tutora de un familiar con discapacidad.
Aurora López Azcona ha explicado que el Código de Derecho Foral aragonés había que adecuarlo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, una Convención de Naciones Unidas que ratificó España, y con este objetivo se comenzó a trabajar en 2022, a instancias del Ejecutivo regional.
La Comisión Aragonesa de Derecho Civil -una entidad asesora del Gobierno de Aragón, que está formada por juristas independientes-, ha sido la encargada de realizar esa labor pionera. El principal cambio es que "ya no se puede privar judicialmente de capacidad a una persona, en su lugar, hay que proveerla de apoyos".
"Otra novedad es que, basándonos en la idea de la libertad aragonesa, seamos los particulares quienes organicemos nuestras relaciones y asuntos -ha añadido Aurora López Azcona-. Así, la propia persona con discapacidad, si todavía tiene capacidad, puede organizar su sistema de apoyos en presencia de un notario y designar quién quiere que le apoye y qué tipo de apoyo desea".
También se le ha otorgado "mucha fuerza" a la guarda de hecho, que implica que alguien, "por su propia iniciativa, presta apoyo a una persona con discapacidad".
"Esto estaba planteando muchos problemas con los bancos y subvenciones. Hemos articulado un mecanismo que es el Acta de Notoriedad para que se pueda acreditar que se es el guardador de hecho, ya que nadie lo ha designado".
Como medida subsidiaria, se han mantenido las medidas judiciales, en concreto una curatela, que se ha graduado según las necesidades de la persona. "Se trata de dar apoyos acordes a lo que cada una necesita, en función de sus circunstancias".
QUIÉN EJERCE DE APOYO
Aurora López Azcona ha explicado que hay tres vías para ejercer de apoyo: "La del mandato de apoyo, si yo voluntariamente, en presencia notarial y teniendo discernimiento, organizo mi sistema de apoyos; el guardador de hecho, cualquier persona que por su propia iniciativa presta apoyo, algo muy habitual en nuestra sociedad, como entre parejas o entre padres e hijos; y las medidas judiciales, donde es el juez quien tiene que fijar los apoyos. Sin embargo, esta será la última, si hay medidas voluntarias o una guarda de hecho. Para los casos más graves, el juez no podrá incapacitar, sino dotar de apoyos, nombrando un curador de diferentes grados".
Esta adaptación también obliga a revisar situaciones previas de incapacitación. Desde la entrada en vigor de la ley, las personas que fueron incapacitados previamente dejarán de estarlo automáticamente. "Las medidas a las que estaban sujetos se mantienen, pero les tendrán que aplicar la nueva legislación. Si alguien es tutor, por ejemplo, se mantendrá en esa figura, pero adecuada y reinterpretada conforme a la nueva ley, y en su caso, habrá un derecho a pedir la revisión judicial, aunque no será obligatorio como ha pasado a nivel estatal".
LAS AYUDAS
Es importante señalar que esta reforma puede afectar las ayudas que reciben las familias, especialmente en lo que respecta a prestaciones de la Seguridad Social y temas tributarios. "Aunque en Aragón no tenemos competencia en esta materia, hemos articulado una disposición adicional que propone una interpretación flexible para mantener los derechos sociales y tributarios, aunque la última palabra la tiene el Estado".
Respecto a la adaptación en comparación con el resto de España, la legislación estatal se modificó primero con el Código Civil, Ley 8/2021. Respecto a otras comunidades forales con derecho en este tema, como Navarra y Cataluña, Aragón ha sido la primera Comunidad Autónoma en adaptar su derecho a la Convención.
"Esta adaptación es fruto del consenso y el esfuerzo de la Comisión Aragonesa de Derecho Civil, formada por juristas de diferentes ámbitos, incluyendo profesores de universidad y registradores", comenta Aurora López Azcona, quien añade que, aunque la aplicación de la ley pueda revelar áreas de mejora, se trata de un texto técnico y consensuado, con acuerdos alcanzados muchas veces por unanimidad.
"Para mí, personalmente, ha sido un reto muy importante y un trabajo de mucho respeto. Hacer una ley que se aplicará a la gente es algo de gran trascendencia", ha agregado.
Por su parte, Marta Peña, gerente de la Coordinadora de Asociaciones de Personas con Discapacidad (Cadis Huesca) ha valorado la importancia de un acto como el celebrado, por la oportunidad que ha brindado la Comisión Aragonesa de Derecho Civil a familiares y técnicos de las entidades, a conocer la nueva normativa y aclarar cualquier duda.