Luna (nombre ficticio para no desvelar su identidad) y sus dos hijos menores de edad podrían quedarse en la calle. Tras años de lucha legal, administrativa y personal, su desahucio se hará efectivo este miércoles. No tiene dónde ir, a pesar de cumplir todos los requisitos legales para acceder a una vivienda social.
Luna llegó a España en 2008 desde Marruecos, por reagrupación familiar. Con estudios universitarios en Filología española, inició una nueva vida en Huesca. Al principio todo iba bien: vivía con su marido en un piso inicialmente hipotecado, luego reconvertido a alquiler social por el banco.
Pero en 2010, tras sufrir violencia y abandono económico, se divorció. Una sentencia judicial le concedió a ella y a sus hijos el uso de la vivienda, obligando al padre a abandonarla. Sin embargo, el banco nunca aceptó el cambio de titularidad del contrato, y la consideró “okupa” desde 2018. "Tengo todos los papeles que prueban lo que digo", recalca.
Desde entonces, Luna ha presentado documentos, gestionado trámites, solicitado ayuda legal y ha intentado por todos los medios formalizar el alquiler a su nombre. El banco ignoró durante meses sus solicitudes y rechazó cualquier negociación. En 2023, la vivienda fue vendida a un particular que retomó el proceso de desalojo.
Gracias a la ley de prórroga para personas vulnerables, una jueza suspendió el desahucio temporalmente. Pero la prórroga finaliza este miércoles. Luna y sus hijos deberán abandonar su hogar sin que ninguna administración les haya ofrecido una alternativa.
“Ya lo saben todo”, explica. “Hemos metido la ropa en bolsos. Me preguntan a dónde vamos. Y no tengo respuesta. He tocado todas las puertas: Ayuntamiento, servicios sociales, fundaciones, pero no hay solución.”
Desde 2018 está apuntada en la bolsa de vivienda social. Cáritas, la Plataforma Ciudadana de Vivienda y su abogado han estado acompañándola todo este tiempo. Tiene toda la documentación, cumple los requisitos, pero siempre recibe la misma respuesta: “No hay viviendas disponibles”.
“No pido más que un piso digno”, dice con firmeza. “Dos habitaciones: una para dormir y otra para comer. Nada más. Solo necesito un lugar donde mis hijos puedan vivir con dignidad.”
Hasta el año pasado, Luna trabajaba cuidando a personas mayores. Actualmente se encuentra en el paro, recibiendo el Ingreso Mínimo Vital. Aun así, su situación no ha cambiado. Ha intentado mantenerse fuerte, pero reconoce que ya no puede más. ““Soy luchadora, siempre lo he sido. Me conocen por ser optimista, por no rendirme, pero ahora estoy rota por mis hijos: el miércoles, a la calle. Ellos lloran, y yo no sé qué decirles, porque no tengo nada que ofrecerles.”
Este miércoles 10 de abril, Luna y sus hijos serán desahuciados. Lo único que han conseguido hasta ahora es dejar parte de su ropa en casa de unas vecinas. Luego, literalmente, no saben dónde irán. Una madre sola, con dos menores, será echada a la calle sin alternativa, pese a cumplir todos los requisitos legales.
“Esta historia ha llegado a su final. Y ese final es la calle. Lo sé, lo tengo clarísimo. Y me duele contarlo así, pero es la verdad. Es la mala realidad".