Cataluña es la Comunidad Autónoma de España con más solicitudes de eutanasia proporcionalmente. Hasta el pasado mes de diciembre, un total de 38 aragoneses solicitaron ayuda para morir, con arreglo a la Ley del 24 de marzo de 2021, que entró en vigor el 25 de junio siguiente. Un tercio recibió la asistencia, a otro tercio se le denegó y el resto falleció antes de recibirla. "Esto último nos preocupa muchísimo, significa que debemos enseñar a la gente a pedirlo un poco antes, en los casos de enfermedad grave y mortal", ha señalado este martes en Huesca la profesora de Historia de la Medicina Consuelo Miqueo.
Miqueo, que ha sido invitada a la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación por la Universidad de la Experiencia para impartir una conferencia acerca de esta normativa y del testamento vital. ha destacado los aspectos positivos de esta legislación, "que incorpora una nueva prestación en el Sistema Nacional de Salud", pero ha abogado también por realizar un mayor esfuerzo en su divulgación
Integrante del Consejo de Bioética de Aragón y vicepresidenta de la asociación Derecho a Morir Dignamente, ha observado que los recursos económicos que se precisan para su aplicación son "escasísimos". Los medicamentos necesarios cuestan muy poco y están centrados en las farmacias hospitalarias, sin ningún problema de distribución. "Lo que hace falta es más información para población, que no se ha hecho lo suficiente ni mucho menos, y también formación para los profesionales. Se ha empezado con casi 400, que han dado algún curso, pero quizá sea insuficiente todavía".
Ley Orgánica 3/2021, de regulación de la eutanasia, regula la solicitud de este derecho por parte de personas que sufran un “padecimiento grave, crónico e imposibilitante” o “enfermedad grave e incurable”, que sean “causantes de un sufrimiento físico o psíquico intolerables”.
España ha sido, con esas norma, el séptimo país en legalizarla y es similar a la belga y a la holandesa. "Se admiten las dos modalidades de ayuda para morir, la que se llama eutanasia propiamente dicha, cuando otra persona tiene que intervenir, y el suicidio médicamente asistido, cuando la propia persona toma la medicación que le ha recetado el médico, quien le habrá acompañado hasta el final".
"Es una buena ley, porque había un problema en todo el mundo desarrollado. Hemos alargado la vida media de la población, pero a veces no la prolongamos con la calidad que quiere mucha gente para que sea una vida digna. En España, mucha gente moría ayudada por otros, porque debido a su estado no podía tomar el medicamento y suicidarse, como fue el caso de Ramón Sampedro, que estaba tetrapléjico".
Ha recordado, que en España, como en la mayor parte de los países, "el suicidio no estaba penalizado, lo estaba la ayuda a morir y había que regularlo".
Esta ley establece que el Sistema Nacional de Salud debe garantizar el derecho a la eutanasia, "pero también la objeción de conciencia, que no de conveniencia, de los profesionales sanitarios", puntualiza Consuelo Miqueo, quien ha observado que aunque se producen "muchísimas", eso "no ha impedido que se puedan atender las demandas de ayuda a morir".